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Agricultores insisten en que la Reforma al Código de Aguas no soluciona problemas de fondo como la entrega de agua con camiones aljibes

16/11/2017

 

El paro de los camiones aljibes en Monte Patria y el decreto de escasez hídrica por la baja recarga de acuíferos que dificulta la entrega de agua en los APR, alertó a los agricultores quienes insisten en que un cambio en la ley no solucionará problemas de fondo. “Me parece poco oportuno que salgan a la vista en la prensa problemas que deberían estar resueltos de otra manera. Que haya un decreto de escasez hídrica a pesar de tener los embalses llenos es preocupante”, señala María Inés Figari, Presidenta de Sociedad Agrícola del Norte.

La Presidenta de SAN agrega que “acá se demuestra lo que con tanta fuerza hemos tratado de decir, el problema no es la ley, es el recurso agua, y ninguna ley solucionará problemas de infraestructura que el Estado no está resolviendo. Que los camiones aljibes tengan problemas de financiamiento no se debe al uso que los agricultores hacen del agua, a los que se nos ha acusado incluso de robar agua, sino que se debe a la falta de infraestructura para dotar del recurso hídrico a las personas”.

En tanto, Pelayo Alonso, Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, explica que “con embalses que hoy tienen más de 80% de su capacidad con agua y buenos caudales en los ríos de la región, claramente el problema no es de falta de agua, sino que de grandes carencias de infraestructura. Ésta es evidentemente un área de responsabilidad del Estado, quien no la ha asumido íntegramente. Los camiones aljibe fueron un paliativo para solucionar temporalmente una grave situación, originada por una aguda sequía. Pero su existencia no puede considerarse como solución definitiva: son ineficientes y de alto costo para el problema que buscan resolver. Estos camiones han sido manipulados para intentar empujar, en grupos desinformados, una reforma altamente ideologizada.”

“En ninguna parte de la propuesta impulsada por el gobierno se incluyen las indispensables inversiones en infraestructura necesarias para que el agua disponible –precisamente gracias a la gestión de las Juntas de Vigilancia, que han sido las que han velado por su aprovisionamiento prioritario para uso bebestible y de saneamiento- llegue a todas las personas. Por otra parte, la adecuada provisión de agua a la población también exige de racionalidad en los asentamientos rurales. Es una de las funciones del Estado establecer los lineamientos generales y los incentivos para que estos asentamientos se ubiquen en lugares a los que sea factible llegar con las redes de agua potable, o bien financiar su extensión”, agrega Pelayo Alonso.

Marcela Jeneral, Presidenta de la Junta de Vigilancia de Río Ilapel, recalca que “El Estado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas es la encargada del desarrollar las obras de infraestructura de los Comités de Agua Potable Rural y entregar cobertura total a la población rural, abasteciéndola. Con esta Reforma al Código de Aguas, el gobierno no garantiza que realizará las inversiones para entregar agua a la población y continuará la entrega a través de camiones aljibes que implican un alto costo”.
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